sábado, 26 de octubre de 2013

La consulta y el voto electrónico

En el informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) se contempla la posibilidad del voto electrónico para las personas que residen en el extranjero y parece a ser que así lo ha reconocido un portavoz oficial de Joana Ortega, número dos del Ejecutivo autonómico catalán según recoge  El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2013-10-13/mas-escoge-una-multinacional-catalana-para-organizar-el-referendum-secesionista_41013/ La empresa seleccionada es Scytl, que se encarga de los votos en línea en 18 de las 20 democracias que lo aplican.
                Resulta cuanto menos curioso que en el informe del CATN ya se contempla, sin citar el nombre, a dicha empresa cuando afirman que “las soluciones tecnológicas actuales para realizar el voto electrónico remoto –en el que una compañía catalana es líder mundial- son tanto o más seguras que el uso de los procedimientos postales” (p. 98. El subrayado es mío). ¿Por qué se señala de antemano a la posible empresa? ¿Se ajusta esto a la imparcialidad y objetividad que se le presupone a un informe de este tipo? Si realmente esto se lleva a cabo, imagino que sería importante ver si se realiza un concurso público.
            Por otra parte, se afirma que este procedimiento es tanto o más seguro que el uso de procedimientos postales. Sin embargo, hay quien cuestiona que esto sea así pues, al parecer, una vez que los datos están en la base de Scytl son imposibles de rastrear. Según Bev Harris de blackboxvoting.org -hablando de su implantación en Estados Unidos- “con la votación Scytl no habrá votaciones. No hay evidencia física alguna. Ninguna cadena de custodia. No hay manera de que el público pueda autentificar la emisión de votos, la cadena de custodia o el recuento”. http://www.drudgereport.com/flash1.htm
Lo de la cadena de custodia del voto resulta determinante: ¿qué garantía nos ofrece esta empresa si no existe tal? Por otra parte ¿cómo actúan los interventores? El argumento es contundente ¿por qué arriesgarse con nada si se pretende ganar en legitimidad?
El Consejo de Europa admite la validez del voto electrónico pero dice que plantea amenazas por lo que un informe de la Comisión de Venecia (2004) apuesta por prevenir la manipulación de datos así como la protección del anonimato contra posibles revelaciones del elector. Otro de los grandes riesgos es, sin duda, el de los hackers y, en concreto, la seguridad de esta compañía se ha visto cuestionada en Estados Unidos. Supuestamente, la Junta de Elecciones y Ética de Washington alentó a intentar hackear el sistema para encontrar fallos y un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan logró hacerlo. Además de esto, el Departamento de Estado de Florida encargó la revisión del software del voto a distancia de Scytl y concluyó que no era seguro. http://kleinonline.wnd.com/2012/01/18/obama-donor-scytl/
Desde luego, el tema del hackeo no parece una cuestión menor. Chaos Computer Club, la mayor asociación de hackers de Europa afirma que cuando el proceso electoral se traslada al interior de un ordenador se elimina el escrutinio público. Ni los votantes ni las juntas electores pueden entender qué está pasando dentro de la máquina ni la forma de análisis de los resultados y, por lo tanto, no pueden ser verificadas. Añaden, además, "sabemos demasiado sobre los ordenadores, para dejarlos los ultimos restos de la democracia". http://wahlcomputer.ccc.de/
            Finalmente, la legislación española no contempla el voto por internet así que si esto se acaba aplicando bajo la ley electoral española estaríamos ante una situación jurídicamente dudosa. Sin duda, en democracia la transparencia es imprescindible y más aún en una consulta tan controvertida como la de que estamos hablando. Estaremos atentos.


Nota: Este artículo fue publicado en  Crónica Global (17-10-13) 

sábado, 5 de octubre de 2013

Legalidad y legitimidad

“Si quieres que algo salga adelante, encárgaselo a una persona; si quieres que se eternice, crea comisiones”. Artur Mas parece emplear a fondo esta máxima porque desde que empezó su segundo mandato, más que gobernar, lo hemos visto formando los más variopintos grupos de trabajo y ya hemos perdido la cuenta de las cumbres que ha convocado. Quizá lo que mejor ilustra la cita inicial es el de la constitución del “Pacto Nacional por el Derecho a Decidir”. Bajo tan rimbombante nombre se dieron cita el pasado 26 de junio una cuarentena de entidades (cabe recordar que la suma de las subvenciones de todos ellas desde el 1 de enero de 2011 hasta ese día era de 64.179.266 euros) y algunos de los grupos parlamentarios, con la excepción de PSC, PP y C’s. Tal multitud se reunió en el Parlamento, se hicieron varias fotografías y todo lo que se sacó de aquello –además de salir en los medios, claro- fue la decisión de que encargarían a Joan Rigol que escribiera una declaración constitutiva. ¿Una cincuentena de personas y todo lo que logran es mandar escribir un texto a otro? Vaya, no se puede decir que sean precisamente eficaces. Desde entonces, nunca más se supo de ese famoso Pacto que tuvo su momento de fama warholiana a principios de verano. Ahora parece que se van a volver a reunir. A ver si esta vez les cunde un poco más el tiempo.
El Consejo Asesor por la Transición Nacional
            Luego ya pasamos al Consejo Asesor por la Transición Nacional, graciosamente apocopado CATN. Podemos ver que hoy en día, si algo no lleva la palabra “Nacional” no es nada.  Aquí la cosa ya tenía un poco más de enjundia porque dicho consejo está formado por expertos de primer nivel. Estos trabajaron bastante más que los del Pacto y el 25 de julio evacuaron un informe de unas 200 páginas con todas las opciones legales y “legítimas” para conseguir la independencia. Pero, ¿eran necesarias trece personas para llegar a esas conclusiones? Sin lugar a dudas, no. De hecho, ya lo había hecho Joan Ridao, jurista y doctor en Ciencias Políticas, en su libro Podem ser independents? (RBA, 2012) que lleva en el mercado cerca de un año. Conclusión, mucho ruido y pocas nueces.
Legalidad vs legitimidad
            En dicho informe resulta cuanto menos curiosa la separación entre legalidad y legitimidad. Según nuestro ordenamiento jurídico, el pueblo soberano es el español y es el único que puede tomar decisiones tan importantes como la que se plantea en un referendo secesionista –es, sin duda, en esa línea en la que se enmarca la Declaración de Soberanía del Parlamento, para poder reivindicarse como demos frente al demos español- así que, de entrada, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, lo que se propone parece ilegal. ¿Quiere decir esto que todas las vías están cerradas? No, por supuesto que no. Se puede intentar pactar con el Gobierno alguna opción. Estas negociaciones no son, de entrada, fáciles y, ni mucho menos, rápidas, pero es que si alguien está realmente comprometido con un proyecto de esta envergadura no puede precipitarse. Cuando hay dos posturas enfrentadas se necesita de habilidad para conseguir llevar el agua a tu molino y eso requiere de tiempo, quizá incluso de mucho tiempo. Por eso resulta llamativo que en el informe se insista una y otra vez en que el proceso no puede alargarse. ¿Cómo que no? ¿O es que el plan es que se hace lo que yo digo o rompemos la baraja? Así, mientras que por una parte se dice que es necesario respetar las reglas del Estado de derecho (p. 49), pronto se advierte de que si el Gobierno no se aviene a aceptar lo que se propone, pues nada, nos olvidamos de la legalidad y vamos a por la legitimidad que viene dada, entre otras cosas, por su peculiar visión de la historia (p. 31). De hecho, se dice literalmente que no es necesario intentar las cinco vías previstas aunque estaría bien intentar más de una (pp. 57-58). La sensación que queda tras leer este texto es que alienta a realizar un par de propuestas para que se vean las intenciones de negociar –sobre todo de cara al exterior- y después de la negativa recurrir ya a la legitimidad.
En todo caso, no parece de recibo que ciertos políticos catalanes se permitan reivindicar la legitimidad frente a la legalidad. Cierto que lo de la legalidad no suena demasiado atractivo y que queda muy bonito eso de la voluntad del pueblo por encima de todo, pero la realidad es que no es posible la democracia sin el Estado de derecho. Si seguimos esa máxima de que la voluntad del pueblo está por encima de las leyes, damos por hecho que una hipotética Cataluña independiente estaría libre de constituciones -¡no tendría sentido!- así que, por ejemplo, el “pueblo” de, pongamos, el Valle de Arán, que tiene una lengua y, por lo tanto, una cultura propia, también podría independizarse y lo mismo los tortosinos, convencidos de su peculiaridad. En este sentido, cabe recordar las palabras de Stéphane Dion en su 2ª carta abierta: es una contradicción pensar que Canadá es divisible y Quebec no (vid enlace).
Cuestión de tiempo
Volviendo al informe del CATN, quizá esta coincidencia con ciertos políticos catalanes en lo que se refiere a la legalidad y la legitimidad tenga que ver con que todos sus miembros oscilan entre la simpatía por la independencia y la más ferviente militancia. Resulta poco coherente que las mismas personas que se llenan la boca con lo de la “radicalidad democrática” creen una comisión nada plural cuando la pluralidad es una de las condiciones necesarias para la democracia. Con respecto a este sesgo ideológico, llama la atención que esta serie de expertos, a los que se les presupone el rigor metodológico, no incluyan el índice de participación cuando hablan de las consultas soberanista realizadas entre 2009-11 (p.40), quizá porque el dato, en este caso, no resulta demasiado legitimador. En Barcelona, por ejemplo, votó el 18% de la población pese a que las urnas estuvieron en las principales calles de la ciudad durante nada más y nada menos que cuatro meses.
Así, el informe es descaradamente tendencioso y, aunque no es el objetivo de este artículo su análisis detallado, baste señalar que, pese a que consideran que no es necesaria una mayoría absoluta ni un índice mínimo de participación, si gana el “sí” este triunfo sería irrevocable mientras que en caso de que el “no” fuera la opción vencedora  la consulta puede volver a repetirse y para esto si se tiene en cuenta lo ajustada que haya sido la victoria (p. 132). Más sorprendente resulta aun, si cabe, que se aconseje realizar la consulta antes que la de Escocia para que el resultado no afecte al proceso. Claro que lo mismo podrían reclamar los escoceses, que ya tienen la fecha pedida. Y, por si a alguien aun le queda alguna duda del sentido de estas afirmaciones, días después de hacerse público el informe, ERC afirmó que la consulta se tenía que realizar antes que la de Escocia, no vaya a ser que el resultado perjudique al “sí”. Dicho esto, resulta cuanto menos curioso que poco más de un mes después de entregar el informe, Carles Vives Pi-Sunyer, Presidente del CATN, afirmara en una entrevista en “El matí de Catalunya Ràdio” “Nos estamos fijando mucho en el 2014 y es posible que el 2014 no podamos hacer todavía esta consulta porque nos la impidan”. ¿En qué quedamos?

 Evidentemente, en Cataluña ya nadie aspira a la ecuanimidad ni a que las diferentes sensibilidades estén representadas de forma equitativa en ningún aspecto de la vida pública. ¿Alguien se imagina que los medios públicos y subvencionados catalanes dedicarán la mitad de su tiempo a cada una de las posturas? Pues bien, ese sería un requisito sine qua non para que la OSCE pudiera avalar el proceso. Pero claro, el simple hecho de que este organismo internacional se presentara aquí para controlar el buen funcionamiento ya sería un milagro porque, como han repetido hasta la saciedad todas las instancias internacionales, se trata de una cuestión interna española. Y es que, por más que se empeñen en internacionalizar el conflicto, la realidad es que el “Derecho a Decidir” no tiene más cobertura que la de una especie de Derecho Natural inventado que solo existe en la imaginación de quienes lo proponen.

Artículo publicado en Crónica Global el jueves 26 de septiembre de 2013

domingo, 29 de septiembre de 2013

Cuatro pasos

En el clima de efervescencia que vivimos actualmente en Cataluña se asume con excesiva facilidad que existe un clamor del pueblo catalán a favor de la secesión. Esto afirmación, sin embargo, no resiste un análisis mínimamente riguroso.
La confusión deriva probablemente de la ocultación de este término, secesión, y su sustitución por el nebuloso “derecho a decidir”, un concepto no solamente ambiguo, sino de dudosa gramaticalidad (para un análisis más detallado se puede consultar el siguiente artículo. De todas formas, el “derecho a decidir”, una vez cumplida la función para la que fue diseñado, la de atraer al independentismo a los partidos de izquierda y propiciar la declaración de soberanía proclamada por el Parlament de Cataluña hace unos meses; parece destinado ahora al baúl de los recuerdos, sin que ya se planteen problemas en reconocer que no ha sido más que “una chorrada” como reconoció Agustí Colomines,  ex -director de la Fundació Catdem de CDC con el beneplácito de Carme Forcadell como se puede comprobar en este vídeo.
Si nos centramos en el problema de fondo, la posibilidad de que Catalunya se convierta en un Estado separado de España, el diseño del proceso desde presupuestos democráticos (o radicalmente democráticos como gusta a muchos decir ahora) y teniendo en cuenta las exigencias legales propias de un Estado de Derecho sería relativamente sencillo:

1) Elecciones autonómicas en las que los partidos políticos se manifiestan claramente sobre la cuestión de la independencia. Es bueno recordar aquí que en el actual Parlamento de Catalunya solamente 24 diputados (de 135) fueron elegidos en listas en las que claramente se apostaba por la independencia de Cataluña (los 21 diputados de ERC y los 3 diputados de las CUP; CiU no emplea la palabra independencia en su programa electoral y se limita a plantear la necesidad de construir “estructuras de Estado”). No se destaca lo suficiente que los diputados que representan a partidos que claramente se muestran contrarios a la independencia son 48 (20 del PSC, 19 del PP y 9 de C’s). El doble de los diputados “independentistas”.

2) Si tras las elecciones autonómicas una mayoría de diputados que, a su vez, representen a una mayoría de electores, han alcanzado el acta de diputado integrados en listas de partidos que defienden la independencia de Catalunya se darían las condiciones políticas para que se convoque una consulta sobre la independencia de Cataluña. Una consulta no vinculante podría ser convocada por el Gobierno central sin que exista, a nuestro conocimiento, obstáculo legal para ello en nuestro sistema.

3) Si el resultado de la consulta es ampliamente mayoritario a la secesión deberían darse los pasos necesarios para la reforma de la Constitución que permitiera dicha secesión. La reforma constitucional debería ir acompañada de la regulación de la posibilidad de un referéndum vinculante sobre la secesión.

4) Concluidas las reformas legales necesarias debería convocarse un consulta vinculante sobre la secesión. Si de nuevo el “sí” a la independencia obtiene una mayoría suficiente, se produciría la secesión de la Comunidad Autónoma con las consecuencias que ello tiene para el ordenamiento interno y el internacional.

Cualquier otra cosa es buscar atajos donde no los hay, jugar con la voluntad popular como elemento argumentativo sin contraste en las urnas y, en definitiva, actuar con escaso rigor y respeto por los intereses generales.

Rafael Arenas/ Sonia Sierra

Esta entrada puede consultarse también en el blog de Rafael Arenas


sábado, 28 de septiembre de 2013

Curso de ética periodística

Hace años, cuando el Gran Wyoming presentaba el mítico Caiga quien caiga, mi sección preferida era la
de "Curso de ética periodística". En ella se tomaban titulares poco adecuados por su sesgo tendencioso y se daban alternativas mucho mejores para la exigible objetividad de un periódico. Pues bien, voy a intentar emular esa sección analizando el titular y el contenido de una noticia -repito, noticia, no artículo de opinión- del diario Ara.
Tras la intervención del diputado de Ciutatans Jordi Cañas, el rotativo catalán lanzó el siguiente titular: "Cataluña no es una colonia ni está invadida. El derecho a decidir es una chorrada", como se puede comprobar en el siguiente enlace. Y sí, es cierto que lo dice, pero lo que no señalan es que, en realidad, está parafraseando a Agustí Colomines, algo que repite dicho polítco dos veces durante su discurso a partir del minuto 9:30.
Resulta que Agustí Colomines, ex-director de la Fundació Catdem de CDC, afirmó en el programa La Rambla de BTV dijo, literalmente "el derecho a decidir es una chorrada que nos inventamos" y fue aplaudido por sus compañeros de plató. Cabe destacar que entre ellos estaba Carme Forcadell que se apresura a darle la razón y a apostillar que es derecho de autodeterminación y no derecho a decidir. En el Ara, ni una palabra de todo esto. Todo esto se puede ver el vídeo que acompaña esta noticia.
Y yo me pregunto, si son capaces de manipular de manipular de una forma tan burda, ¿qué no harán con otros aspectos menos fáciles de demostrar? Da miedo pensarlo, la verdad.

¿Por qué lo llaman derecho a decidir cuando quieren decir secesión?

Si un concepto ha hecho fortuna en Cataluña en los últimos tiempos ese es, sin duda alguna, el de “derecho a decidir”. Las razones de su éxito son fáciles de deducir: a todo el mundo le encanta tener derechos –el tema de los deberes ya nos cuesta un poco más- y se trata de algo que parece incontestable porque la persona que ose cuestionarlo será acusada inmediatamente de mezquindad. Y es que solo desde la perfidia se pueden negar los derechos de un pueblo. Sin embargo, la realidad es que no se trata, precisamente, de un concepto diáfano como trataré de demostrar.
¿Se trata de un derecho?
Para empezar, según Eva-Maria Poptcheva, doctora en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Internacional, se trata más bien de un concepto de propaganda política que de un concepto con valor jurídico. Lo único que podría representar jurídicamente el “derecho a decidir” es la democracia directa, es decir, que la ciudadanía decida sobre cualquier asunto de forma directa y no a través de sus representantes, tal y como sucede en nuestra democracia representativa. Parece obvio que esta no es la forma más eficaz de toma de decisiones y que, en todo caso, no es la que persiguen los políticos catalanes. Para que exista un derecho tiene que existir una norma, es decir, la norma es previa al derecho y, como no existe ninguna norma al respecto, el mal llamado “derecho a decidir” no es ningún derecho como se nos pretende hacer creer.
Esto no parece ser ningún obstáculo para los políticos catalanes que contraponen legalidad versus legitimidad con total ligereza. De nuevo estamos ante una de esas afirmaciones de tono épico que tanto gustan porque no hay nada más bonito que la idea de la voluntad de un pueblo –recordemos el eslogan de CiU en los últimos comicios- frente a algo tan prosaico como las leyes. Pues bien, no debemos olvidar que si estamos en un Estado de derecho que garantiza, por ejemplo, la protección de las minorías, es gracias a las leyes. Por otra parte, cuando se contrapone legalidad y legitimidad se niega la legitimidad de la otra parte, ¿por qué es más legitima la opinión de los que se quieren saltar la constitución que la de quienes la quieren respetar?

¿Decidir qué?
Si seguimos analizando este concepto, aparece una nueva duda: “decidir” exactamente qué. Decidir es un verbo transitivo y, por lo tanto, necesita un complemento directo. Si bien tanto en español como en catalán este verbo se puede usar de forma absoluta –es decir, sin necesidad de CD en construcciones como “siempre decides tú”- no parece que este sea el caso porque aquí no queda nada claro que es lo que se puede decidir y la prueba más evidente de ello es que no se traduce a otras lenguas. En ningún país de nuestro entorno se entiende esta construcción porque no se especifica qué es lo que se puede decidir. Se trata, entonces, de un supuesto “derecho a decidir” en el que se obvia el CD de tal manera que recuerda a la protagonista de la copla Yo soy esa que, sin nombre propio, se tiene que conformar con lo que le quieran llamar. A veces parece lo que se puede decidir es ser independiente y otras, según palabras de Núria de Gispert, presidenta de la Comisión del Derecho a Decidir en el Parlamento catalán, el ámbito de las decisiones es de lo más variopinto y propone hasta cinco cuestiones que van desde el concierto económico hasta que nadie se inmiscuya en cuestiones lingüísticas. Por supuesto, esta multiplicidad va totalmente en contra de la claridad de la pregunta como señala a “Ley de Claridad” canadiense de 2000 o el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral (2002) de la Comisión de Venecia. Entonces, ¿por qué se ha escogido un sintagma tan confuso?
 “Derecho a decidir” se empieza a utilizar en 2003 en el País Vasco en el conocido popularmente como “Plan Ibarretxe”. Ni esta comunidad autónoma ni Cataluña son colonias, ni sufren una dictadura ni son pueblos oprimidos –aunque a uno podría creer lo contrario si lee los argumentarios de ciertos partidos políticos- así que no pueden acogerse al derecho de autodeterminación y de ahí que necesitaran de este invento de la neolengua nacionalista. Según la propaganda oficial, este es un clamor que surge del pueblo y por eso los buenos demócratas han de darle una respuesta pero, sin embargo, la realidad es que en 2006 se constituye la Plataforma del Dret a Decidir (PDD) subvencionada por la Generalitat. Seis años después, el Centre Unesco de Catalunya (Unescocat, que tiene más que ver con la Generalitat que le otorgaba generosas subvenciones que con la UNESCO) publica un informe titulado Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Un posible cambio de paradigma en la reivindicación de los derechos de las naciones sin estado http://www.unescocat.org/fitxer/3373/QR4%20okxweb.pdf en el que se insta a sustituir el “derecho de autodeterminación” por el “derecho a decidir”. Dicho informe está firmado por Jaume López Hernádez que, casualidades de la vida, fue socio fundador y presidente de la PDD. Así pues, “derecho a decidir” es un neologismo creado desde el poder –y no por la voluntad espontánea del pueblo- para soslayar el derecho internacional, que no se utiliza en ningún otro país y que no se recoge en ninguna legalidad internacional. En dicho documento se señalan, además, unas “propuestas de actuación” que debe seguir los partidos y entidades nacionalistas y se trata de desvincular “el derecho a decidir” -considerado una reivindicación soberanistas- del “derecho de autodeterminación”. Así, según el autor, el “derecho a decidir” se basa en un principio de “radicalismo democrático” y no en una reivindicación independentista.
¿Tenemos derecho a decidir?

            Finalmente, tal y como recordó Artur Mas el 06 de junio de este año, en caso de celebrarse el referendo –algo bastante complicado con la ley en la mano-, este no sería vinculante con lo cual, más que de “decidir” deberíamos hablar de “opinar”. Estamos pues ante un derecho que no es tal; ante un ámbito de decisión absolutamente indeterminado y en el que, para colmo, en realidad no podemos decidir nada sino tan solo opinar. Y pese a todo, bajo este sintagma nominal se construyen comisiones, pactos e incluso conciertos y otros actos lúdico-reivindicativos. Quizá ya va siendo hora de empezar a llamar a las cosas por su nombre y cambiar el poco pertinente “derecho a decidir” por “consulta sobre la secesión”. Y veremos quién sigue defendiéndolo.

NOTA: Artículo publicado en Crónica Global el 12 de septiembre de 2013.

martes, 24 de septiembre de 2013

Hablando no se entiende la gente

De un tiempo a esta parte hay una serie de conversaciones que se repiten con frecuencia. Siempre giran
alrededor del "Proceso" y, normalmente, suelen ser sobre que el derecho de autodeterminación no es aplicable a Cataluña o que una hipotética Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea y, desde este fin de semana, que eso de la doble nacionalidad que tan alegremente ha anunciado Junqueras, es inviable. Esto no daría demasiado de sí en cualquier otro lugar del mundo, sobre todo cuando enlazas documentos que respaldan estas afirmaciones, pero en Cataluña da lugar a interminables hilos que acaban, invariablemente, con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Las leyes están para cambiarlas. Aquí se suele citar a Rosa Parks (la que más), a Gandhi o a las sufragistas.

2. Es como si un persona se quiere divorciar de su pareja. Más allá de la obviedad de que es bastante ridículo comparar un divorcio con la secesión de un territorio, no se dan cuenta de que una pareja se puede divorciar, precisamente, si las leyes lo permiten y que el proceso debe hacerse siguiendo lo que estas dicen si no quieres ser acusado de abandono de hogar o perder la tutela de los hijos en caso de que los haya.

3. Cataluña será lo que el pueblo de Cataluña quiere que sea. Esto recuerda bastante a El Secreto, aquel libro que se puso de moda hace unos años y que aseguraba que bastaba con desear fuertemente algo para conseguirlo. Se pasa por alto que muchas de las decisiones no dependen solo de Cataluña.

4. "Votemos de una vez" o "pero, ¿tú quieres votar o no? No se tiene en cuenta, obviamente, que CiU, que es quien tiene el poder en estos momentos, jamás ha especificado sobre qué se va a preguntar y que, de hecho, Núria de Gispert, presidenta de Pacto Nacional para el Derecho a Decidir dio hasta cinco posibles preguntas para la consulta y, casualmente, solo una era sobre la secesión. 

lunes, 2 de septiembre de 2013

Sin freno

De los creadores de "España nos roba" nos toca aguantar ahora "La España subsidiada vive de la Cataluña productiva". Sí, estoy hablando de CiU que en los últimos tiempos parece que se ha lanzado por una pendiente sin ningún tipo de freno. Tan poco pertinente resulta el cartel que anoche, cuando lo difundí por Twitter, varias personas me preguntaron si me había asegurado de que era real porque más bien parecía un  fake de alguien que pretendiera desprestigiar a dicho partido. Pues no, resulta que el cartel ha sido creado por la coalición catalana y no parece ser fruto de un arrebato sino que debe de formar parte de su argumentario porque el 27 de agosto, Jordi Turull, al intentar defender la antidemocrática prórroga de los presupuestos de la Generalitat dijo que no podía ser que los funcionarios de la Cataluña productiva no cobraran una paga y los de la España subsidiada. Yo soy funcionaria y en ningún momento se me ha ocurrido pensar que he perdido una paga por culpa del resto de españoles sino que hubiera podido cobrarla si no se destinara tanto dinero, por ejemplo, a los medios de comunicación subvencionados o si Mònica Terribas no hubiera sido contratada por un sueldo que resulta un insulto a la ciudadanía en tiempos de crisis. O sea, que CiU priva a los catalanes que los presupuestos se debatan en el Parlament, que sería lo lógico en una democracia, pero la culpa es del resto de españoles que son todos unos vagos. Cualquiera que haya tratado con niños o adolescentes sabe que ellos nunca han hecho nada y que la culpa es siempre de otro. Si es que estos de CiU son como chiquillos.
Este nuevo lema creado por las brillantes mentes del partido -que han conseguido uno de los peores resultados de su historia así como perder cada día más puntos en intención de voto- solo se explica desde la hispanofobia que cada día se puede ver forma más clara en Cataluña. Es obvio que semejante sandez no resiste ni el más mínimo análisis crítico: la mayoría de ciudadanos españoles se levantan, van a trabajar y pagan sus impuestos. Claro que hay gente que vive de las subvenciones, muchas de ellas del sector agrícola, de la misma manera que las hay en Cataluña en el sector de las avellanas, por ejemplo, o en muchas zonas deprimidas de la periferia donde yo he llegado a ver familias que ya van por las 2ª generación de personas que no han trabajado nunca y viven de las ayudas públicas. A mí, personalmente, no me importa que mis impuestos sirvan para mantener a una viuda -me da igual si de Murcia o de Tarragona- que nunca ha cotizado porque ha estado cuidando siempre de su familia. Me parece muchísimo peor que mi dinero se utilice para engrasar las máquinas de generar odio o para engrosar las cuentas en Suiza de ciertas personas, me da igual que residan en Madrid o en Barcelona.
No sé qué pretenden los de CiU con su ofensivo cartel pero me imagino que los empresarios catalanes deben de estar maldiciéndolos, especialmente de cara a la campaña navideña, porque el eslogan parece una llamada en toda regla al boicot de sus productos. Esperemos que el resto de españoles entiendan que la mayoría de catalanes no tenemos la culpa de esto, que se trata tan solo de la ocurrencia de un partido que parece haber perdido por completo el rumbo. Y a los convergentes recordarle que quien siembra vientos recoge tempestades.