Democracia radical

El viernes fue lo que en Estados Unidos se llama Black Friday, es decir, viernes negro, un viernes de rebajas entre la fiesta de Acción de Gracias y la Navidad. En Cataluña, sin embargo, hemos tenido una semana negra para la democracia. Cuando los nacionalistas acuñaron lo de la "democracia radical" no sabía muy bien qué debía de significar ese nuevo concepto de la neolengua pero ahora, desgraciadamente, empieza a quedar bastante claro.

Todo empezó el martes 26 de noviembre cuando Jordi Cañas, diputado y portavoz de C's estaba interviniendo en un debate organizado por Reagrupament y desde el público alguien le gritó "terrorista". Él paró su discurso y se dirigió a esa persona que le volvió a repetir "eres un terrorista" y apostillo "a la calle si no te interesa". Ante la pasividad de Salvador Cot, el moderador, Jordi Cañas abandona el estrado seguido del representante del PP y la mitad del público. Por el pasillo vuelven a insistir con el tema del terrorismo, varias personas están a punto de llegar a las manos y alguien le recrimina haber vertido semejante acusación a lo que el interpelado responde que si son terroristas está bien llamarlos terroristas. Otra persona del público se acerca al moderador para reprocharle el no haber intervenido a lo que este responde, en un alarde de mala educación, "fot el camp" (lárgate) lo que es respondido con aplausos como se puede observar en este vídeo.
Ese mismo martes supimos de una nueva actualización de "la lista de los malos", esa que tanto gusta a los nacionalistas catalanes, en este caso elaborado por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) en la que se rastrean, según su apreciación, comparaciones entre el Proceso catalán y movimientos totalitarios o se hace apología de la violencia. Pues bien, en esa lista está Inés Arrimada, diputada de C's, por considerar "persecución" al hecho de multar a las personas que no rotulan su negocio en catalán. Ella misma lo explica con bastante gracia en el artículo La lista de los indeseables. Tras comprobar el significado de la palabra "persecución" en el diccionario de la RAE y en el del Instituts d'Estudis Catalans, me parece obvio que está bien utilizada así que quizá los del CAC decidan incluirme también a mí en su lista.
Seguimos el jueves con la ocupación de la sede de UPyD en Barcelona a cargo de 35 independentista que tuvo como resultado una lesión de muñeca del empleado que allí se encontraba (hay parte de lesiones). El motivo de esta agresión fue, según un comunicado de la asociación de estudiantes SEPC "la imputación de cinco militantes de la izquierda independentista de numerosos delitos por defender la lengua". Por supuesto, nadie es imputado por defender la lengua y, en este caso, se debe a las agresiones sufridas por la líder de UPyD en marzo de 2010, cuando iba a realizar una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB y que tuvo que ser finalmente suspendida y que acabó con la diputada escoltada por la policía y el decano de la Facultad, Salvador Cardús, bañado en pintura.
Acabamos la semana con el ataque a pedradas de la sede central de Ciudadanos en Barcelona que le ha costado la rotura de varios cristales. Se podrá decir que se trata de acciones minoritarias y que el movimiento independentista es mayoritariamente pacífico pero, sin embargo, llama poderosamente la atención la falta de condena, en el mejor de los casos, de estos ataques, el mirar hacia otro lado, el hacer ver que aquí no pasa nada. Y digo, en el mejor de los casos, porque CUP, un partido político con representación en el Parlament de Cataluña, ha expresado públicamente su apoyo a SEPC por la ocupación de la sede de UPyD. Vaya, el partido que se autoproclama representante del movimiento obrero apoyando la agresión a un trabajador. Contrasta este silencio con la condena enérgica que todos hicimos del acto en la Librería Blanquerna, claro que, según La Vanguardia, entonces fue una agresión y esta vez, tan solo un acto de protesta.

Cuatro pasos

En el clima de efervescencia que vivimos actualmente en Cataluña se asume con excesiva facilidad que existe un clamor del pueblo catalán a favor de la secesión. Esto afirmación, sin embargo, no resiste un análisis mínimamente riguroso.

La confusión deriva probablemente de la ocultación de este término, secesión, y su sustitución por el nebuloso “derecho a decidir”, un concepto no solamente ambiguo, sino de dudosa gramaticalidad (para un análisis más detallado se puede consultar el siguiente artículo. De todas formas, el “derecho a decidir”, una vez cumplida la función para la que fue diseñado, la de atraer al independentismo a los partidos de izquierda y propiciar la declaración de soberanía proclamada por el Parlament de Cataluña hace unos meses; parece destinado ahora al baúl de los recuerdos, sin que ya se planteen problemas en reconocer que no ha sido más que “una chorrada” como reconoció Agustí Colomines,  ex -director de la Fundació Catdem de CDC con el beneplácito de Carme Forcadell como se puede comprobar en este vídeo.

Si nos centramos en el problema de fondo, la posibilidad de que Catalunya se convierta en un Estado separado de España, el diseño del proceso desde presupuestos democráticos (o radicalmente democráticos como gusta a muchos decir ahora) y teniendo en cuenta las exigencias legales propias de un Estado de Derecho sería relativamente sencillo:

1) Elecciones autonómicas en las que los partidos políticos se manifiestan claramente sobre la cuestión de la independencia. Es bueno recordar aquí que en el actual Parlamento de Catalunya solamente 24 diputados (de 135) fueron elegidos en listas en las que claramente se apostaba por la independencia de Cataluña (los 21 diputados de ERC y los 3 diputados de las CUP; CiU no emplea la palabra independencia en su programa electoral y se limita a plantear la necesidad de construir “estructuras de Estado”). No se destaca lo suficiente que los diputados que representan a partidos que claramente se muestran contrarios a la independencia son 48 (20 del PSC, 19 del PP y 9 de C’s). El doble de los diputados “independentistas”.

2) Si tras las elecciones autonómicas una mayoría de diputados que, a su vez, representen a una mayoría de electores, han alcanzado el acta de diputado integrados en listas de partidos que defienden la independencia de Catalunya se darían las condiciones políticas para que se convoque una consulta sobre la independencia de Cataluña. Una consulta no vinculante podría ser convocada por el Gobierno central sin que exista, a nuestro conocimiento, obstáculo legal para ello en nuestro sistema.

3) Si el resultado de la consulta es ampliamente mayoritario a la secesión deberían darse los pasos necesarios para la reforma de la Constitución que permitiera dicha secesión. La reforma constitucional debería ir acompañada de la regulación de la posibilidad de un referéndum vinculante sobre la secesión.

4) Concluidas las reformas legales necesarias debería convocarse un consulta vinculante sobre la secesión. Si de nuevo el “sí” a la independencia obtiene una mayoría suficiente, se produciría la secesión de la Comunidad Autónoma con las consecuencias que ello tiene para el ordenamiento interno y el internacional.

Cualquier otra cosa es buscar atajos donde no los hay, jugar con la voluntad popular como elemento argumentativo sin contraste en las urnas y, en definitiva, actuar con escaso rigor y respeto por los intereses generales.

Rafael Arenas/ Sonia Sierra

Esta entrada puede consultarse también en el blog de Rafael Arenas