Cuatro pasos

En el clima de efervescencia que vivimos actualmente en Cataluña se asume con excesiva facilidad que existe un clamor del pueblo catalán a favor de la secesión. Esto afirmación, sin embargo, no resiste un análisis mínimamente riguroso.

La confusión deriva probablemente de la ocultación de este término, secesión, y su sustitución por el nebuloso “derecho a decidir”, un concepto no solamente ambiguo, sino de dudosa gramaticalidad (para un análisis más detallado se puede consultar el siguiente artículo. De todas formas, el “derecho a decidir”, una vez cumplida la función para la que fue diseñado, la de atraer al independentismo a los partidos de izquierda y propiciar la declaración de soberanía proclamada por el Parlament de Cataluña hace unos meses; parece destinado ahora al baúl de los recuerdos, sin que ya se planteen problemas en reconocer que no ha sido más que “una chorrada” como reconoció Agustí Colomines,  ex -director de la Fundació Catdem de CDC con el beneplácito de Carme Forcadell como se puede comprobar en este vídeo.

Si nos centramos en el problema de fondo, la posibilidad de que Catalunya se convierta en un Estado separado de España, el diseño del proceso desde presupuestos democráticos (o radicalmente democráticos como gusta a muchos decir ahora) y teniendo en cuenta las exigencias legales propias de un Estado de Derecho sería relativamente sencillo:

1) Elecciones autonómicas en las que los partidos políticos se manifiestan claramente sobre la cuestión de la independencia. Es bueno recordar aquí que en el actual Parlamento de Catalunya solamente 24 diputados (de 135) fueron elegidos en listas en las que claramente se apostaba por la independencia de Cataluña (los 21 diputados de ERC y los 3 diputados de las CUP; CiU no emplea la palabra independencia en su programa electoral y se limita a plantear la necesidad de construir “estructuras de Estado”). No se destaca lo suficiente que los diputados que representan a partidos que claramente se muestran contrarios a la independencia son 48 (20 del PSC, 19 del PP y 9 de C’s). El doble de los diputados “independentistas”.

2) Si tras las elecciones autonómicas una mayoría de diputados que, a su vez, representen a una mayoría de electores, han alcanzado el acta de diputado integrados en listas de partidos que defienden la independencia de Catalunya se darían las condiciones políticas para que se convoque una consulta sobre la independencia de Cataluña. Una consulta no vinculante podría ser convocada por el Gobierno central sin que exista, a nuestro conocimiento, obstáculo legal para ello en nuestro sistema.

3) Si el resultado de la consulta es ampliamente mayoritario a la secesión deberían darse los pasos necesarios para la reforma de la Constitución que permitiera dicha secesión. La reforma constitucional debería ir acompañada de la regulación de la posibilidad de un referéndum vinculante sobre la secesión.

4) Concluidas las reformas legales necesarias debería convocarse un consulta vinculante sobre la secesión. Si de nuevo el “sí” a la independencia obtiene una mayoría suficiente, se produciría la secesión de la Comunidad Autónoma con las consecuencias que ello tiene para el ordenamiento interno y el internacional.

Cualquier otra cosa es buscar atajos donde no los hay, jugar con la voluntad popular como elemento argumentativo sin contraste en las urnas y, en definitiva, actuar con escaso rigor y respeto por los intereses generales.

Rafael Arenas/ Sonia Sierra

Esta entrada puede consultarse también en el blog de Rafael Arenas

Curso de ética periodística

Hace años, cuando el Gran Wyoming presentaba el mítico Caiga quien caiga, mi sección preferida era la

de "Curso de ética periodística". En ella se tomaban titulares poco adecuados por su sesgo tendencioso y se daban alternativas mucho mejores para la exigible objetividad de un periódico. Pues bien, voy a intentar emular esa sección analizando el titular y el contenido de una noticia -repito, noticia, no artículo de opinión- del diario Ara.

Tras la intervención del diputado de Ciutatans Jordi Cañas, el rotativo catalán lanzó el siguiente titular: "Cataluña no es una colonia ni está invadida. El derecho a decidir es una chorrada", como se puede comprobar en el siguiente enlace. Y sí, es cierto que lo dice, pero lo que no señalan es que, en realidad, está parafraseando a Agustí Colomines, algo que repite dicho polítco dos veces durante su discurso a partir del minuto 9:30.
Resulta que Agustí Colomines, ex-director de la Fundació Catdem de CDC, afirmó en el programa La Rambla de BTV dijo, literalmente "el derecho a decidir es una chorrada que nos inventamos" y fue aplaudido por sus compañeros de plató. Cabe destacar que entre ellos estaba Carme Forcadell que se apresura a darle la razón y a apostillar que es derecho de autodeterminación y no derecho a decidir. En el Ara, ni una palabra de todo esto. Todo esto se puede ver el vídeo que acompaña esta noticia.
Y yo me pregunto, si son capaces de manipular de manipular de una forma tan burda, ¿qué no harán con otros aspectos menos fáciles de demostrar? Da miedo pensarlo, la verdad.

¿Por qué lo llaman derecho a decidir cuando quieren decir secesión?

Si un concepto ha hecho fortuna en Cataluña en los últimos tiempos ese es, sin duda alguna, el de “derecho a decidir”. Las razones de su éxito son fáciles de deducir: a todo el mundo le encanta tener derechos –el tema de los deberes ya nos cuesta un poco más- y se trata de algo que parece incontestable porque la persona que ose cuestionarlo será acusada inmediatamente de mezquindad. Y es que solo desde la perfidia se pueden negar los derechos de un pueblo. Sin embargo, la realidad es que no se trata, precisamente, de un concepto diáfano como trataré de demostrar.

¿Se trata de un derecho?

Para empezar, según Eva-Maria Poptcheva, doctora en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Internacional, se trata más bien de un concepto de propaganda política que de un concepto con valor jurídico. Lo único que podría representar jurídicamente el “derecho a decidir” es la democracia directa, es decir, que la ciudadanía decida sobre cualquier asunto de forma directa y no a través de sus representantes, tal y como sucede en nuestra democracia representativa. Parece obvio que esta no es la forma más eficaz de toma de decisiones y que, en todo caso, no es la que persiguen los políticos catalanes. Para que exista un derecho tiene que existir una norma, es decir, la norma es previa al derecho y, como no existe ninguna norma al respecto, el mal llamado “derecho a decidir” no es ningún derecho como se nos pretende hacer creer.

Esto no parece ser ningún obstáculo para los políticos catalanes que contraponen legalidad versus legitimidad con total ligereza. De nuevo estamos ante una de esas afirmaciones de tono épico que tanto gustan porque no hay nada más bonito que la idea de la voluntad de un pueblo –recordemos el eslogan de CiU en los últimos comicios- frente a algo tan prosaico como las leyes. Pues bien, no debemos olvidar que si estamos en un Estado de derecho que garantiza, por ejemplo, la protección de las minorías, es gracias a las leyes. Por otra parte, cuando se contrapone legalidad y legitimidad se niega la legitimidad de la otra parte, ¿por qué es más legitima la opinión de los que se quieren saltar la constitución que la de quienes la quieren respetar?

¿Decidir qué?

Si seguimos analizando este concepto, aparece una nueva duda: “decidir” exactamente qué. Decidir es un verbo transitivo y, por lo tanto, necesita un complemento directo. Si bien tanto en español como en catalán este verbo se puede usar de forma absoluta –es decir, sin necesidad de CD en construcciones como “siempre decides tú”- no parece que este sea el caso porque aquí no queda nada claro que es lo que se puede decidir y la prueba más evidente de ello es que no se traduce a otras lenguas. En ningún país de nuestro entorno se entiende esta construcción porque no se especifica qué es lo que se puede decidir. Se trata, entonces, de un supuesto “derecho a decidir” en el que se obvia el CD de tal manera que recuerda a la protagonista de la copla Yo soy esa que, sin nombre propio, se tiene que conformar con lo que le quieran llamar. A veces parece lo que se puede decidir es ser independiente y otras, según palabras de Núria de Gispert, presidenta de la Comisión del Derecho a Decidir en el Parlamento catalán, el ámbito de las decisiones es de lo más variopinto y propone hasta cinco cuestiones que van desde el concierto económico hasta que nadie se inmiscuya en cuestiones lingüísticas. Por supuesto, esta multiplicidad va totalmente en contra de la claridad de la pregunta como señala a “Ley de Claridad” canadiense de 2000 o el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral (2002) de la Comisión de Venecia. Entonces, ¿por qué se ha escogido un sintagma tan confuso?

 “Derecho a decidir” se empieza a utilizar en 2003 en el País Vasco en el conocido popularmente como “Plan Ibarretxe”. Ni esta comunidad autónoma ni Cataluña son colonias, ni sufren una dictadura ni son pueblos oprimidos –aunque a uno podría creer lo contrario si lee los argumentarios de ciertos partidos políticos- así que no pueden acogerse al derecho de autodeterminación y de ahí que necesitaran de este invento de la neolengua nacionalista. Según la propaganda oficial, este es un clamor que surge del pueblo y por eso los buenos demócratas han de darle una respuesta pero, sin embargo, la realidad es que en 2006 se constituye la Plataforma del Dret a Decidir (PDD) subvencionada por la Generalitat. Seis años después, el Centre Unesco de Catalunya (Unescocat, que tiene más que ver con la Generalitat que le otorgaba generosas subvenciones que con la UNESCO) publica un informe titulado Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Un posible cambio de paradigma en la reivindicación de los derechos de las naciones sin estado http://www.unescocat.org/fitxer/3373/QR4%20okxweb.pdf en el que se insta a sustituir el “derecho de autodeterminación” por el “derecho a decidir”. Dicho informe está firmado por Jaume López Hernádez que, casualidades de la vida, fue socio fundador y presidente de la PDD. Así pues, “derecho a decidir” es un neologismo creado desde el poder –y no por la voluntad espontánea del pueblo- para soslayar el derecho internacional, que no se utiliza en ningún otro país y que no se recoge en ninguna legalidad internacional. En dicho documento se señalan, además, unas “propuestas de actuación” que debe seguir los partidos y entidades nacionalistas y se trata de desvincular “el derecho a decidir” -considerado una reivindicación soberanistas- del “derecho de autodeterminación”. Así, según el autor, el “derecho a decidir” se basa en un principio de “radicalismo democrático” y no en una reivindicación independentista.

¿Tenemos derecho a decidir?

            Finalmente, tal y como recordó Artur Mas el 06 de junio de este año, en caso de celebrarse el referendo –algo bastante complicado con la ley en la mano-, este no sería vinculante con lo cual, más que de “decidir” deberíamos hablar de “opinar”. Estamos pues ante un derecho que no es tal; ante un ámbito de decisión absolutamente indeterminado y en el que, para colmo, en realidad no podemos decidir nada sino tan solo opinar. Y pese a todo, bajo este sintagma nominal se construyen comisiones, pactos e incluso conciertos y otros actos lúdico-reivindicativos. Quizá ya va siendo hora de empezar a llamar a las cosas por su nombre y cambiar el poco pertinente “derecho a decidir” por “consulta sobre la secesión”. Y veremos quién sigue defendiéndolo.

NOTA: Artículo publicado en Crónica Global el 12 de septiembre de 2013.

Hablando no se entiende la gente

De un tiempo a esta parte hay una serie de conversaciones que se repiten con frecuencia. Siempre giran

alrededor del "Proceso" y, normalmente, suelen ser sobre que el derecho de autodeterminación no es aplicable a Cataluña o que una hipotética Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea y, desde este fin de semana, que eso de la doble nacionalidad que tan alegremente ha anunciado Junqueras, es inviable. Esto no daría demasiado de sí en cualquier otro lugar del mundo, sobre todo cuando enlazas documentos que respaldan estas afirmaciones, pero en Cataluña da lugar a interminables hilos que acaban, invariablemente, con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Las leyes están para cambiarlas. Aquí se suele citar a Rosa Parks (la que más), a Gandhi o a las sufragistas.

2. Es como si un persona se quiere divorciar de su pareja. Más allá de la obviedad de que es bastante ridículo comparar un divorcio con la secesión de un territorio, no se dan cuenta de que una pareja se puede divorciar, precisamente, si las leyes lo permiten y que el proceso debe hacerse siguiendo lo que estas dicen si no quieres ser acusado de abandono de hogar o perder la tutela de los hijos en caso de que los haya.

3. Cataluña será lo que el pueblo de Cataluña quiere que sea. Esto recuerda bastante a El Secreto, aquel libro que se puso de moda hace unos años y que aseguraba que bastaba con desear fuertemente algo para conseguirlo. Se pasa por alto que muchas de las decisiones no dependen solo de Cataluña.

4. "Votemos de una vez" o "pero, ¿tú quieres votar o no? No se tiene en cuenta, obviamente, que CiU, que es quien tiene el poder en estos momentos, jamás ha especificado sobre qué se va a preguntar y que, de hecho, Núria de Gispert, presidenta de Pacto Nacional para el Derecho a Decidir dio hasta cinco posibles preguntas para la consulta y, casualmente, solo una era sobre la secesión. 

Sin freno

De los creadores de "España nos roba" nos toca aguantar ahora "La España subsidiada vive de la Cataluña productiva". Sí, estoy hablando de CiU que en los últimos tiempos parece que se ha lanzado por una pendiente sin ningún tipo de freno. Tan poco pertinente resulta el cartel que anoche, cuando lo difundí por Twitter, varias personas me preguntaron si me había asegurado de que era real porque más bien parecía un  fake de alguien que pretendiera desprestigiar a dicho partido. Pues no, resulta que el cartel ha sido creado por la coalición catalana y no parece ser fruto de un arrebato sino que debe de formar parte de su argumentario porque el 27 de agosto, Jordi Turull, al intentar defender la antidemocrática prórroga de los presupuestos de la Generalitat dijo que no podía ser que los funcionarios de la Cataluña productiva no cobraran una paga y los de la España subsidiada. Yo soy funcionaria y en ningún momento se me ha ocurrido pensar que he perdido una paga por culpa del resto de españoles sino que hubiera podido cobrarla si no se destinara tanto dinero, por ejemplo, a los medios de comunicación subvencionados o si Mònica Terribas no hubiera sido contratada por un sueldo que resulta un insulto a la ciudadanía en tiempos de crisis. O sea, que CiU priva a los catalanes que los presupuestos se debatan en el Parlament, que sería lo lógico en una democracia, pero la culpa es del resto de españoles que son todos unos vagos. Cualquiera que haya tratado con niños o adolescentes sabe que ellos nunca han hecho nada y que la culpa es siempre de otro. Si es que estos de CiU son como chiquillos.

Este nuevo lema creado por las brillantes mentes del partido -que han conseguido uno de los peores resultados de su historia así como perder cada día más puntos en intención de voto- solo se explica desde la hispanofobia que cada día se puede ver forma más clara en Cataluña. Es obvio que semejante sandez no resiste ni el más mínimo análisis crítico: la mayoría de ciudadanos españoles se levantan, van a trabajar y pagan sus impuestos. Claro que hay gente que vive de las subvenciones, muchas de ellas del sector agrícola, de la misma manera que las hay en Cataluña en el sector de las avellanas, por ejemplo, o en muchas zonas deprimidas de la periferia donde yo he llegado a ver familias que ya van por las 2ª generación de personas que no han trabajado nunca y viven de las ayudas públicas. A mí, personalmente, no me importa que mis impuestos sirvan para mantener a una viuda -me da igual si de Murcia o de Tarragona- que nunca ha cotizado porque ha estado cuidando siempre de su familia. Me parece muchísimo peor que mi dinero se utilice para engrasar las máquinas de generar odio o para engrosar las cuentas en Suiza de ciertas personas, me da igual que residan en Madrid o en Barcelona.

No sé qué pretenden los de CiU con su ofensivo cartel pero me imagino que los empresarios catalanes deben de estar maldiciéndolos, especialmente de cara a la campaña navideña, porque el eslogan parece una llamada en toda regla al boicot de sus productos. Esperemos que el resto de españoles entiendan que la mayoría de catalanes no tenemos la culpa de esto, que se trata tan solo de la ocurrencia de un partido que parece haber perdido por completo el rumbo. Y a los convergentes recordarle que quien siembra vientos recoge tempestades.