Democracia radical

El viernes fue lo que en Estados Unidos se llama Black Friday, es decir, viernes negro, un viernes de rebajas entre la fiesta de Acción de Gracias y la Navidad. En Cataluña, sin embargo, hemos tenido una semana negra para la democracia. Cuando los nacionalistas acuñaron lo de la "democracia radical" no sabía muy bien qué debía de significar ese nuevo concepto de la neolengua pero ahora, desgraciadamente, empieza a quedar bastante claro.

Todo empezó el martes 26 de noviembre cuando Jordi Cañas, diputado y portavoz de C's estaba interviniendo en un debate organizado por Reagrupament y desde el público alguien le gritó "terrorista". Él paró su discurso y se dirigió a esa persona que le volvió a repetir "eres un terrorista" y apostillo "a la calle si no te interesa". Ante la pasividad de Salvador Cot, el moderador, Jordi Cañas abandona el estrado seguido del representante del PP y la mitad del público. Por el pasillo vuelven a insistir con el tema del terrorismo, varias personas están a punto de llegar a las manos y alguien le recrimina haber vertido semejante acusación a lo que el interpelado responde que si son terroristas está bien llamarlos terroristas. Otra persona del público se acerca al moderador para reprocharle el no haber intervenido a lo que este responde, en un alarde de mala educación, "fot el camp" (lárgate) lo que es respondido con aplausos como se puede observar en este vídeo.
Ese mismo martes supimos de una nueva actualización de "la lista de los malos", esa que tanto gusta a los nacionalistas catalanes, en este caso elaborado por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) en la que se rastrean, según su apreciación, comparaciones entre el Proceso catalán y movimientos totalitarios o se hace apología de la violencia. Pues bien, en esa lista está Inés Arrimada, diputada de C's, por considerar "persecución" al hecho de multar a las personas que no rotulan su negocio en catalán. Ella misma lo explica con bastante gracia en el artículo La lista de los indeseables. Tras comprobar el significado de la palabra "persecución" en el diccionario de la RAE y en el del Instituts d'Estudis Catalans, me parece obvio que está bien utilizada así que quizá los del CAC decidan incluirme también a mí en su lista.
Seguimos el jueves con la ocupación de la sede de UPyD en Barcelona a cargo de 35 independentista que tuvo como resultado una lesión de muñeca del empleado que allí se encontraba (hay parte de lesiones). El motivo de esta agresión fue, según un comunicado de la asociación de estudiantes SEPC "la imputación de cinco militantes de la izquierda independentista de numerosos delitos por defender la lengua". Por supuesto, nadie es imputado por defender la lengua y, en este caso, se debe a las agresiones sufridas por la líder de UPyD en marzo de 2010, cuando iba a realizar una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB y que tuvo que ser finalmente suspendida y que acabó con la diputada escoltada por la policía y el decano de la Facultad, Salvador Cardús, bañado en pintura.
Acabamos la semana con el ataque a pedradas de la sede central de Ciudadanos en Barcelona que le ha costado la rotura de varios cristales. Se podrá decir que se trata de acciones minoritarias y que el movimiento independentista es mayoritariamente pacífico pero, sin embargo, llama poderosamente la atención la falta de condena, en el mejor de los casos, de estos ataques, el mirar hacia otro lado, el hacer ver que aquí no pasa nada. Y digo, en el mejor de los casos, porque CUP, un partido político con representación en el Parlament de Cataluña, ha expresado públicamente su apoyo a SEPC por la ocupación de la sede de UPyD. Vaya, el partido que se autoproclama representante del movimiento obrero apoyando la agresión a un trabajador. Contrasta este silencio con la condena enérgica que todos hicimos del acto en la Librería Blanquerna, claro que, según La Vanguardia, entonces fue una agresión y esta vez, tan solo un acto de protesta.

Los malos de la película

En una democracia se presupone que cada persona puede escoger el partido que desee, aquel que más se ajuste a sus convenciones y que cada uno deposita su voto en función de lo que cree que es mejor para el país o, en su defecto, lo menos malo.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, asusta ver como en Cataluña se otorgan carnés ya no solo de buenos y malos catalanes sino ahora también de buenas y malas personas. Sí, ya sé que resulta increíble lo que acabo de decir, pero no estoy exagerando. El sábado, el diario digital Directe publicó el siguiente titular: "Ciutadans, el partit de les males persones". ¿Y qué han hecho los miembros de este partido para recibir semejante calificativo? Pues nada más y nada menos que criticar que se destinaran 200.000 euros a cubrir la cadena humana del 11 de septiembre en lugar de pagar a las farmacias. Se puede estar de acuerdo o no con el comunicado firmado por Jordi Cañas, portavoz de este partido, pero parece difícil justificar a partir de este hecho que él o sus votantes sean malas personas.

La reacción de los militantes y simpatizantes de Ciudadanos no se hizo esperar y lanzaron en Twitter la etiqueta #josócmalapersona (yo soy mala persona). A la media hora de lanzarlo ya era tendencia en Barcelona y, poco después, número dos en toda España, lo cual tiene bastante mérito si tenemos en cuenta que se estaba celebrando la Conferencia Política del PSOE y que, además, era día de partido de fútbol. Eso implica que mucha, muchísima gente se sumó a la acción, es decir, que los pobres de Directe debieron de pasar muy mal día al sentirse tan rodeados de malas personas.

Es un tipo de discurso que empieza a hacerse muy frecuente lo cual acaba resultando una velada amenaza a todo a aquel que se atreva a disentir del discurso oficialista catalán

Si tan solo fuera esa noticia quizá no habría que darle más importancia porque, total, un mal día lo puede tener cualquiera y todos podemos equivocarnos a la hora de dejar ir nuestros dedos sobre el teclado y publicar una noticia con un titular desafortunado. El problema es que es un tipo de discurso que empieza a hacerse muy frecuente lo cual acaba resultando una velada amenaza a todo a aquel que se atreva a disentir del discurso oficialista catalán.

Por poner algunos ejemplos, hace unos meses, Joaquim Maria Puyal dijo en una entrevista al diario Ara, citando a Jordi Mir, que "los enemigos de Cataluña, en Cataluña manifiestan sus puntos de vista en catalán". No nos especifica quiénes son esos enemigos pero, de entrada, no suena muy tranquilizador saber que estamos rodeados de enemigos que son, eso sí, políglotas.

Más específica resulta Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, en una alocución del pasado 26 de mayo:

"Nuestro adversario es el Estado español, lo tenemos que tener muy claro, y los partidos españoles que hay en Cataluña como Ciudadanos y el Partido Popular, que no se tendría que llamar Partido Popular de Cataluña sino Partido Popular en Cataluña. Por lo tanto, estos son nuestros adversarios. Los demás somos el pueblo catalán".

Si tenemos en cuenta que la suma de esos dos partidos fue en los pasados comicios de 746.122 votos, empieza a dar un poco de miedo salir a la calle porque las posibilidades de encontrarse con un adversario son muy altas. Además, ¿dónde quedan adscritas todas esas personas a las que se niega pertenecer al "pueblo catalán" en función del partido por el que votaron en las últimas elecciones? ¿Recuperan su catalanidad si cambian la orientación de su voto? Se me antojan cuestiones de difícil respuesta ya que rozan, ciertamente, lo ontológico. Más allá de eso, no sé si Forcadell es muy consciente de que si al pueblo catalán le restamos esa cifra nos queda un pueblo con una densidad de población bastante mermada y de que, para colmo, la diferencia de votos entre PPC y su partido -ERC- es de apenas 20.000 votos.

El nivel de agresividad y de mala educación que se puede ver en, por ejemplo, las redes sociales es alarmante

En todo caso, se podría pensar que basta con aislar a esas terribles personas que utilizan toda su maldad contra Cataluña para que todo se arreglara pero no, es que aun hay más. Resulta que los socialistas están virando hacia el fascismo según decía en agosto Vicent Partal desde Vilaweb,asunto que debe de considerar muy importante ya que le dedicó dos editoriales. Llama la atención que se utilice precisamente esa palabra por parte de los que se quejan -y con razón- de que se usa con excesiva frivolidad. El PSC es, actualmente, la segunda fuerza más votada, con 524.707 (14,43%) aunque por efectos de la más que cuestionable ley electoral entregó la segunda posición a ERC con 498.681 (12,97%). Así las cosas, entre enemigos, adversarios de Cataluña y fascistas en potencia nos vamos a más de un millón de nuestros conciudadanos.

Se podrá alegar que desde todas las posiciones ideológicas se lanzan insultos y, desgraciadamente, es cierto. El nivel de agresividad y de mala educación que se puede ver en, por ejemplo, las redes sociales es alarmante. Pero todos los casos aquí citados son de personas que, de una manera u otra, se ven favorecidas por el dinero público, es decir, ese dinero que aportamos con nuestros impuestos. Y que te insulten es desagradable, pero que encima lo hagan personas que se ven beneficiadas con parte de tu sueldo es inadmisible.

En Cataluña hay una importante parte de la población que reclama la secesión porque cree que eso es lo mejor y su posición me parece absolutamente legítima y respetable. Creo que actúan desde la honestidad y el deseo de mejorar la realidad y, por eso, es evidente que merecen que quienes actúan como sus portavoces lo hagan desde el rigor y la objetividad de sus argumentos y no desde el insulto y la descalificación de nuestros vecinos, amigos y familiares.

NOTA: Este artículo fue publicado en el periódico digital Crónica Global (11-11-13)

Las alas de Ícaro del proceso catalán

De pequeña tenía un libro de relatos y recuerdo que el que más llamaba mi atención era el de Ícaro, un joven que, con sus ansias de volar alto, se acercaba tanto al Sol que el calor derretía la cera con la que Dédalo, su padre, había pegado las plumas de las alas que había construido para poder escapar del laberinto en el que les había encerrado el rey Minos. Una seria advertencia para los que se dejan llevar por los excesos de ambición y desoyen los consejos paternos.

En los últimos tiempos he recordado a menudo esta historia ante la insistencia de los secesionistas en dar a conocer su causa internacionalmente, primero en un fracasado intento diplomático y después con su aparición en la prensa.

Salir en los medios y tener notoriedad pública no es bueno per se y la sensación que tengo es que, durante mucho tiempo, la mayoría de la gente que está en contra de esta secesión hacía un poco la vista gorda con el tema, ya saben, eso de que de lo que no se habla, no existe. Esta actitud ya no ha sido posible después de la evidente visibilización del "conflicto" y las respuestas no han sido precisamente halagüeñas para los artífices de esta campaña.

Butkevicius, primer ministro lituano, dijo que la prensa catalana había manifestado de manera errónea y tendenciosa sus palabras

De entrada, parecían haber conseguido el apoyo de Letonia y Lituania y aunque no son precisamente países que cuenten demasiado en el orden internacional -y vaya por delante todo mi respeto a estos países y mi amor por Lituania, uno de los lugares más bellos que he visitado-, eran un primer paso. Esta alegría no duró demasiado porque tras la llamada a capítulo del ministro García-Margallo no solo se desdijeron sino que, además, Algirdas Butkevicius, primer ministro lituano, dijo que la prensa catalana había manifestado de manera errónea y tendenciosa sus palabras. Con la ACN han topado.

Y a partir de ahí, cascada de declaraciones desde la Unión Europea (UE) manifestando de forma contundente lo que ya habían dicho en otras ocasiones: si un país se separa de otro, queda fuera de la Unión Europea y para que pueda volver a ser admitido necesita la unanimidad de los estados miembros. El vicepresidente y comisario de Competencia, Joaquín Almunia; la portavoz de la Comisión Europea, Pia Ahrenkilde y Jean-Claude Piris, una de las grandes autoridades en cuestiones jurídicas de la UE, fueron bastante claros. Eso sí, sus afirmaciones fueron rápidamente contestadas desde Cataluña y amplificadas por los medios de comunicaciones afines.

Para ello han echado mano de, por ejemplo, Roland Vaubel, al que suelen presentar como asesor de Merkel pese a que, en realidad, es tan solo uno más de los que asesoran al Ministerio de Economía alemán y forma parte de Alternative für Deutschland, un partido extraparlamentario que aboga por la salida del euro. Vaubel, además, defiende que el voto de aquellos que pagan más impuestos valga más que el de los que pagan menos. Resulta curioso que con la facilidad que brota el adjetivo facha en Cataluña luego se le dedique tanto espacio en los medios a una persona considerada muy reaccionaria en su país. En todo caso, se trata de un economista y no de un jurista o un especialista en política internacional así que sus opiniones sobre el tema son eso, meras opiniones. A Vaubel ya lo habían sacado a relucir hace unos meses pero volvieron a darle la palabra cuando salió a la luz tras las contundentes declaraciones de Francesc Granell en una entrevista en El País.

No es el único caso en el que hemos podido comprobar que ciertos medios ofrecen la información de manera, cuanto menos, poco objetiva. En La Vanguardia se hacen eco de una noticia firmada por la ACN en la que se afirma que Graham Watson "no ve problema en una Cataluña independiente en la UE" y lo presentan como presidente de los liberales en Europa cuando en realidad este cargo lo ocupa Guy Verhofstadt. Watson abandonó el puesto en 2009 y en la actualidad no es ni tan siquiera uno de los vicepresidentes, tal y como se puede comprobar aquí.

Internacionalizar el conflicto ha acabado siendo una especie de Ícaro acercándose peligrosamente a un Sol que ya empieza a derretir la cera de sus alas

En realidad, Watson es presidente del European Liberal Democrat and Reform Party, una confederación de partidos liberales y no del grupo parlamentario, en el que se integran partidos que forman parte de esta confederación pero también otros que no. Por otra parte, Graham Watson es escocés y elegido por la circunscripción de South West England y Gibraltar lo cual no invalida, obviamente, su opinión pero sí nos ayuda a entender el posible sesgo de la misma.

Pero el tema de la salida de la UE no se ha quedado ahí por mucho que desde los sectores secesionistas se intente quitar hierro al asunto. Los inversores del macrocomplejo BCN World advirtieron de que la pertenencia a la UE era crucial por cuestiones de moneda y seguridad jurídica. Y esta fue la primera de una serie de declaraciones desde el mundo de los negocios a las que siguieron las del presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, que alertaba de la descolocación masiva en caso de independencia; las de Andreu Gómez, presidente del Círculo de Directivos de habla alemana reconociendo que el clima de incertidumbre actual dificulta las inversiones en Cataluña o las del profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona Gay de Liébana afirmando que "si nos tenemos que quedar fuera de la Unión Europea, mejor no iniciar el proceso" y a la vez que pintaba un panorama de lo más desalentador. Y, para acabarlo de rematar, un artículo en The New York Times sobre la negativa de los productores de cava a secundar los planes secesionistas del Gobierno autonómico catalán que concluye con las palabras de Bonet Ferrer, presidente de Freixenet: "Cataluña es una parte esencial de España y así es como debería continuar".

Vemos pues como la internacionalización del conflicto ha acabado siendo una especie de Ícaro acercándose peligrosamente a un Sol que ya empieza a derretir la cera de sus alas. Por supuesto, difícilmente se aceptan las voces autorizadas que empiezan a alertar de los peligros de toda esta aventura, de la misma manera que el joven desoyó los consejos de Dédalo.

Este artículo fue publicado en Crónica Global (23-10-13)

Catalonia Calling: no en mi nombre

Vamos a imaginar por un momento que una persona recibe un libro que no ha pedido sobre Auckland. Lo más probable es que le eche un vistazo, lo deje en la estantería y lo olvide porque, en general, realizamos nuestras lecturas o bien por placer o bien por obligación académica o laboral, pero es extraño que alguien decida leer un libro sobre un tema que, en principio, no es de su interés por el simple hecho de que alguien haya decidido mandárselo.

Pues bien, esa es la nueva ocurrencia de los partidarios de la secesión de Cataluña, que han pensado que el mundo no puede vivir ni un minuto más sin conocer su causa así que le van a mandar el libro Catalonia calling. What the world has to know, nada más y nada menos, que a las 10.000 personas más influyentes.

La mayoría no lo van a leer, obviamente, pero, aunque sea por pura probabilidad estadística, alguno sí lo hará. Imaginemos que ese lector potencial no sepa ni dónde está Cataluña y decida buscar información en internet. Se puede encontrar entonces con que se trata de una de las regiones más prósperas de un país democrático -porque, por mucho que ciertos sectores se empeñen en lo contrario, España es reconocida en el ámbito internacional como una democracia homologable a cualquier otra- que, además, posee un alto nivel de autogobierno que para sí quisiera, por ejemplo, Escocia y varios canales de televisión y radio. Descubre que, además, su lengua regional es la única vehicular en toda la enseñanza obligatoria, algo inaudito en el resto del planeta.

Me atrevo a pedir que creen una lista de las personas que no queremos que se utilice nuestra condición de catalanes para hablar por nosotros

A esa persona, a la que consideramos al día de las publicaciones internacionales ya que, recordemos, es muy influyente, quizá le venga a la cabeza entonces aquel artículo de la prestigiosa Spiegel sobre los separatismos en Europa que iniciaba su titular con un contundente "La hora de los egoístas" y en el que se señalaba como esas regiones separatistas que no quieren ser solidarias con las más pobres de sus propios países desean, paradójicamente, permanecer en la Unión Europea.

Imaginemos que esa persona sigue leyendo y se encuentra con lo del "derecho a decidir". Piensa, entonces, que se trata de un error de traducción porque "right to decide" es un sintagma que no tiene ningún sentido en inglés (bueno, en español y catalán tampoco, pero eso es otra historia). Como ve que el tema se repite, se da cuenta de que es algo realmente importante en Cataluña y acaba descubriendo que uno de los asesores en el tema es Arnaldo Otegi, que, en este momento, cumple prisión por su vinculación con el terrorismo. Esa persona, que tal vez viva en Nueva York o Londres, ciudades que han sufrido el horror de los atentados terroristas, deja el libro con un gesto de repulsión y sin entender por qué desde un lugar democrático se pide opinión para ser más democrático a una persona que ha demostrado no serlo.

Ya sabemos que, de un tiempo a esta parte, en Cataluña han proliferado las listas de buenos y malos catalanes y que incluso CiU decidió crear una lista de adhesiones a sus propuestas políticas. Pues bien, yo me atrevo a pedir otra cosa: que creen una lista de las personas que no queremos que se utilice nuestra condición de catalanes para hablar por nosotros, una lista en la que podamos decir que, por favor, no nos cuenten cuando hacen o dicen cosas que nos resultan poco pertinentes. O, mucho mejor aun, rogarles que empiecen a hablar con propiedad y declaren de una vez que no representan a Cataluña si no a una parte muy concreta de la población.

Y puestos a pedir, no estaría de más recordarles a Artur Mas y Núria de Gispert que su sueldo lo pagamos entre todos por lo que no es de recibo que sigan confundiendo gobierno con partido -a este respecto, es ilustrativo el hecho de que en la página web de la Consejería de Enseñanza aparezca una pestaña para poderse adherir al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir- y que ellos no pueden involucrarse en algo así mandando a los líderes mundiales este libro. Al menos, no en mi nombre.

Publicado en Crónica Global (08-10-13)

La consulta y el voto electrónico

En el informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) se contempla la posibilidad del voto electrónico para las personas que residen en el extranjero y parece a ser que así lo ha reconocido un portavoz oficial de Joana Ortega, número dos del Ejecutivo autonómico catalán según recoge  El Confidencial http://www.elconfidencial.com/espana/2013-10-13/mas-escoge-una-multinacional-catalana-para-organizar-el-referendum-secesionista_41013/ La empresa seleccionada es Scytl, que se encarga de los votos en línea en 18 de las 20 democracias que lo aplican.

                Resulta cuanto menos curioso que en el informe del CATN ya se contempla, sin citar el nombre, a dicha empresa cuando afirman que “las soluciones tecnológicas actuales para realizar el voto electrónico remoto –en el que una compañía catalana es líder mundial- son tanto o más seguras que el uso de los procedimientos postales” (p. 98. El subrayado es mío). ¿Por qué se señala de antemano a la posible empresa? ¿Se ajusta esto a la imparcialidad y objetividad que se le presupone a un informe de este tipo? Si realmente esto se lleva a cabo, imagino que sería importante ver si se realiza un concurso público.

            Por otra parte, se afirma que este procedimiento es tanto o más seguro que el uso de procedimientos postales. Sin embargo, hay quien cuestiona que esto sea así pues, al parecer, una vez que los datos están en la base de Scytl son imposibles de rastrear. Según Bev Harris de blackboxvoting.org -hablando de su implantación en Estados Unidos- “con la votación Scytl no habrá votaciones. No hay evidencia física alguna. Ninguna cadena de custodia. No hay manera de que el público pueda autentificar la emisión de votos, la cadena de custodia o el recuento”. http://www.drudgereport.com/flash1.htm

Lo de la cadena de custodia del voto resulta determinante: ¿qué garantía nos ofrece esta empresa si no existe tal? Por otra parte ¿cómo actúan los interventores? El argumento es contundente ¿por qué arriesgarse con nada si se pretende ganar en legitimidad?

El Consejo de Europa admite la validez del voto electrónico pero dice que plantea amenazas por lo que un informe de la Comisión de Venecia (2004) apuesta por prevenir la manipulación de datos así como la protección del anonimato contra posibles revelaciones del elector. Otro de los grandes riesgos es, sin duda, el de los hackers y, en concreto, la seguridad de esta compañía se ha visto cuestionada en Estados Unidos. Supuestamente, la Junta de Elecciones y Ética de Washington alentó a intentar hackear el sistema para encontrar fallos y un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan logró hacerlo. Además de esto, el Departamento de Estado de Florida encargó la revisión del software del voto a distancia de Scytl y concluyó que no era seguro. http://kleinonline.wnd.com/2012/01/18/obama-donor-scytl/

Desde luego, el tema del hackeo no parece una cuestión menor. Chaos Computer Club, la mayor asociación de hackers de Europa afirma que cuando el proceso electoral se traslada al interior de un ordenador se elimina el escrutinio público. Ni los votantes ni las juntas electores pueden entender qué está pasando dentro de la máquina ni la forma de análisis de los resultados y, por lo tanto, no pueden ser verificadas. Añaden, además, "sabemos demasiado sobre los ordenadores, para dejarlos los ultimos restos de la democracia". http://wahlcomputer.ccc.de/

            Finalmente, la legislación española no contempla el voto por internet así que si esto se acaba aplicando bajo la ley electoral española estaríamos ante una situación jurídicamente dudosa. Sin duda, en democracia la transparencia es imprescindible y más aún en una consulta tan controvertida como la de que estamos hablando. Estaremos atentos.

Nota: Este artículo fue publicado en  Crónica Global (17-10-13) 

Legalidad y legitimidad

“Si quieres que algo salga adelante, encárgaselo a una persona; si quieres que se eternice, crea comisiones”. Artur Mas parece emplear a fondo esta máxima porque desde que empezó su segundo mandato, más que gobernar, lo hemos visto formando los más variopintos grupos de trabajo y ya hemos perdido la cuenta de las cumbres que ha convocado. Quizá lo que mejor ilustra la cita inicial es el de la constitución del “Pacto Nacional por el Derecho a Decidir”. Bajo tan rimbombante nombre se dieron cita el pasado 26 de junio una cuarentena de entidades (cabe recordar que la suma de las subvenciones de todos ellas desde el 1 de enero de 2011 hasta ese día era de 64.179.266 euros) y algunos de los grupos parlamentarios, con la excepción de PSC, PP y C’s. Tal multitud se reunió en el Parlamento, se hicieron varias fotografías y todo lo que se sacó de aquello –además de salir en los medios, claro- fue la decisión de que encargarían a Joan Rigol que escribiera una declaración constitutiva. ¿Una cincuentena de personas y todo lo que logran es mandar escribir un texto a otro? Vaya, no se puede decir que sean precisamente eficaces. Desde entonces, nunca más se supo de ese famoso Pacto que tuvo su momento de fama warholiana a principios de verano. Ahora parece que se van a volver a reunir. A ver si esta vez les cunde un poco más el tiempo.

El Consejo Asesor por la Transición Nacional

            Luego ya pasamos al Consejo Asesor por la Transición Nacional, graciosamente apocopado CATN. Podemos ver que hoy en día, si algo no lleva la palabra “Nacional” no es nada.  Aquí la cosa ya tenía un poco más de enjundia porque dicho consejo está formado por expertos de primer nivel. Estos trabajaron bastante más que los del Pacto y el 25 de julio evacuaron un informe de unas 200 páginas con todas las opciones legales y “legítimas” para conseguir la independencia. Pero, ¿eran necesarias trece personas para llegar a esas conclusiones? Sin lugar a dudas, no. De hecho, ya lo había hecho Joan Ridao, jurista y doctor en Ciencias Políticas, en su libro Podem ser independents? (RBA, 2012) que lleva en el mercado cerca de un año. Conclusión, mucho ruido y pocas nueces.

Legalidad vs legitimidad

            En dicho informe resulta cuanto menos curiosa la separación entre legalidad y legitimidad. Según nuestro ordenamiento jurídico, el pueblo soberano es el español y es el único que puede tomar decisiones tan importantes como la que se plantea en un referendo secesionista –es, sin duda, en esa línea en la que se enmarca la Declaración de Soberanía del Parlamento, para poder reivindicarse como demos frente al demos español- así que, de entrada, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, lo que se propone parece ilegal. ¿Quiere decir esto que todas las vías están cerradas? No, por supuesto que no. Se puede intentar pactar con el Gobierno alguna opción. Estas negociaciones no son, de entrada, fáciles y, ni mucho menos, rápidas, pero es que si alguien está realmente comprometido con un proyecto de esta envergadura no puede precipitarse. Cuando hay dos posturas enfrentadas se necesita de habilidad para conseguir llevar el agua a tu molino y eso requiere de tiempo, quizá incluso de mucho tiempo. Por eso resulta llamativo que en el informe se insista una y otra vez en que el proceso no puede alargarse. ¿Cómo que no? ¿O es que el plan es que se hace lo que yo digo o rompemos la baraja? Así, mientras que por una parte se dice que es necesario respetar las reglas del Estado de derecho (p. 49), pronto se advierte de que si el Gobierno no se aviene a aceptar lo que se propone, pues nada, nos olvidamos de la legalidad y vamos a por la legitimidad que viene dada, entre otras cosas, por su peculiar visión de la historia (p. 31). De hecho, se dice literalmente que no es necesario intentar las cinco vías previstas aunque estaría bien intentar más de una (pp. 57-58). La sensación que queda tras leer este texto es que alienta a realizar un par de propuestas para que se vean las intenciones de negociar –sobre todo de cara al exterior- y después de la negativa recurrir ya a la legitimidad.

En todo caso, no parece de recibo que ciertos políticos catalanes se permitan reivindicar la legitimidad frente a la legalidad. Cierto que lo de la legalidad no suena demasiado atractivo y que queda muy bonito eso de la voluntad del pueblo por encima de todo, pero la realidad es que no es posible la democracia sin el Estado de derecho. Si seguimos esa máxima de que la voluntad del pueblo está por encima de las leyes, damos por hecho que una hipotética Cataluña independiente estaría libre de constituciones -¡no tendría sentido!- así que, por ejemplo, el “pueblo” de, pongamos, el Valle de Arán, que tiene una lengua y, por lo tanto, una cultura propia, también podría independizarse y lo mismo los tortosinos, convencidos de su peculiaridad. En este sentido, cabe recordar las palabras de Stéphane Dion en su 2ª carta abierta: es una contradicción pensar que Canadá es divisible y Quebec no (vid enlace).

Cuestión de tiempo

Volviendo al informe del CATN, quizá esta coincidencia con ciertos políticos catalanes en lo que se refiere a la legalidad y la legitimidad tenga que ver con que todos sus miembros oscilan entre la simpatía por la independencia y la más ferviente militancia. Resulta poco coherente que las mismas personas que se llenan la boca con lo de la “radicalidad democrática” creen una comisión nada plural cuando la pluralidad es una de las condiciones necesarias para la democracia. Con respecto a este sesgo ideológico, llama la atención que esta serie de expertos, a los que se les presupone el rigor metodológico, no incluyan el índice de participación cuando hablan de las consultas soberanista realizadas entre 2009-11 (p.40), quizá porque el dato, en este caso, no resulta demasiado legitimador. En Barcelona, por ejemplo, votó el 18% de la población pese a que las urnas estuvieron en las principales calles de la ciudad durante nada más y nada menos que cuatro meses.

Así, el informe es descaradamente tendencioso y, aunque no es el objetivo de este artículo su análisis detallado, baste señalar que, pese a que consideran que no es necesaria una mayoría absoluta ni un índice mínimo de participación, si gana el “sí” este triunfo sería irrevocable mientras que en caso de que el “no” fuera la opción vencedora  la consulta puede volver a repetirse y para esto si se tiene en cuenta lo ajustada que haya sido la victoria (p. 132). Más sorprendente resulta aun, si cabe, que se aconseje realizar la consulta antes que la de Escocia para que el resultado no afecte al proceso. Claro que lo mismo podrían reclamar los escoceses, que ya tienen la fecha pedida. Y, por si a alguien aun le queda alguna duda del sentido de estas afirmaciones, días después de hacerse público el informe, ERC afirmó que la consulta se tenía que realizar antes que la de Escocia, no vaya a ser que el resultado perjudique al “sí”. Dicho esto, resulta cuanto menos curioso que poco más de un mes después de entregar el informe, Carles Vives Pi-Sunyer, Presidente del CATN, afirmara en una entrevista en “El matí de Catalunya Ràdio” “Nos estamos fijando mucho en el 2014 y es posible que el 2014 no podamos hacer todavía esta consulta porque nos la impidan”. ¿En qué quedamos?

 Evidentemente, en Cataluña ya nadie aspira a la ecuanimidad ni a que las diferentes sensibilidades estén representadas de forma equitativa en ningún aspecto de la vida pública. ¿Alguien se imagina que los medios públicos y subvencionados catalanes dedicarán la mitad de su tiempo a cada una de las posturas? Pues bien, ese sería un requisito sine qua non para que la OSCE pudiera avalar el proceso. Pero claro, el simple hecho de que este organismo internacional se presentara aquí para controlar el buen funcionamiento ya sería un milagro porque, como han repetido hasta la saciedad todas las instancias internacionales, se trata de una cuestión interna española. Y es que, por más que se empeñen en internacionalizar el conflicto, la realidad es que el “Derecho a Decidir” no tiene más cobertura que la de una especie de Derecho Natural inventado que solo existe en la imaginación de quienes lo proponen.

Artículo publicado en Crónica Global el jueves 26 de septiembre de 2013

Cuatro pasos

En el clima de efervescencia que vivimos actualmente en Cataluña se asume con excesiva facilidad que existe un clamor del pueblo catalán a favor de la secesión. Esto afirmación, sin embargo, no resiste un análisis mínimamente riguroso.

La confusión deriva probablemente de la ocultación de este término, secesión, y su sustitución por el nebuloso “derecho a decidir”, un concepto no solamente ambiguo, sino de dudosa gramaticalidad (para un análisis más detallado se puede consultar el siguiente artículo. De todas formas, el “derecho a decidir”, una vez cumplida la función para la que fue diseñado, la de atraer al independentismo a los partidos de izquierda y propiciar la declaración de soberanía proclamada por el Parlament de Cataluña hace unos meses; parece destinado ahora al baúl de los recuerdos, sin que ya se planteen problemas en reconocer que no ha sido más que “una chorrada” como reconoció Agustí Colomines,  ex -director de la Fundació Catdem de CDC con el beneplácito de Carme Forcadell como se puede comprobar en este vídeo.

Si nos centramos en el problema de fondo, la posibilidad de que Catalunya se convierta en un Estado separado de España, el diseño del proceso desde presupuestos democráticos (o radicalmente democráticos como gusta a muchos decir ahora) y teniendo en cuenta las exigencias legales propias de un Estado de Derecho sería relativamente sencillo:

1) Elecciones autonómicas en las que los partidos políticos se manifiestan claramente sobre la cuestión de la independencia. Es bueno recordar aquí que en el actual Parlamento de Catalunya solamente 24 diputados (de 135) fueron elegidos en listas en las que claramente se apostaba por la independencia de Cataluña (los 21 diputados de ERC y los 3 diputados de las CUP; CiU no emplea la palabra independencia en su programa electoral y se limita a plantear la necesidad de construir “estructuras de Estado”). No se destaca lo suficiente que los diputados que representan a partidos que claramente se muestran contrarios a la independencia son 48 (20 del PSC, 19 del PP y 9 de C’s). El doble de los diputados “independentistas”.

2) Si tras las elecciones autonómicas una mayoría de diputados que, a su vez, representen a una mayoría de electores, han alcanzado el acta de diputado integrados en listas de partidos que defienden la independencia de Catalunya se darían las condiciones políticas para que se convoque una consulta sobre la independencia de Cataluña. Una consulta no vinculante podría ser convocada por el Gobierno central sin que exista, a nuestro conocimiento, obstáculo legal para ello en nuestro sistema.

3) Si el resultado de la consulta es ampliamente mayoritario a la secesión deberían darse los pasos necesarios para la reforma de la Constitución que permitiera dicha secesión. La reforma constitucional debería ir acompañada de la regulación de la posibilidad de un referéndum vinculante sobre la secesión.

4) Concluidas las reformas legales necesarias debería convocarse un consulta vinculante sobre la secesión. Si de nuevo el “sí” a la independencia obtiene una mayoría suficiente, se produciría la secesión de la Comunidad Autónoma con las consecuencias que ello tiene para el ordenamiento interno y el internacional.

Cualquier otra cosa es buscar atajos donde no los hay, jugar con la voluntad popular como elemento argumentativo sin contraste en las urnas y, en definitiva, actuar con escaso rigor y respeto por los intereses generales.

Rafael Arenas/ Sonia Sierra

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