“Si
quieres que algo salga adelante, encárgaselo a una persona; si quieres que se
eternice, crea comisiones”. Artur Mas parece emplear a fondo esta máxima porque
desde que empezó su segundo mandato, más que gobernar, lo hemos visto formando los
más variopintos grupos de trabajo y ya hemos perdido la cuenta de las cumbres
que ha convocado. Quizá lo que mejor ilustra la cita inicial es el de la
constitución del “Pacto Nacional por el Derecho a Decidir”. Bajo tan
rimbombante nombre se dieron cita el pasado 26 de junio una cuarentena de
entidades (cabe recordar que la suma de las subvenciones de todos ellas desde
el 1 de enero de 2011 hasta ese día era de 64.179.266 euros) y algunos de los
grupos parlamentarios, con la excepción de PSC, PP y C’s. Tal multitud se
reunió en el Parlamento, se hicieron varias fotografías y todo lo que se sacó
de aquello –además de salir en los medios, claro- fue la decisión de que
encargarían a Joan Rigol que escribiera una declaración constitutiva. ¿Una
cincuentena de personas y todo lo que logran es mandar escribir un texto a otro?
Vaya, no se puede decir que sean precisamente eficaces. Desde entonces, nunca
más se supo de ese famoso Pacto que tuvo su momento de fama warholiana a
principios de verano. Ahora parece que se van a volver a reunir. A ver si esta
vez les cunde un poco más el tiempo.
El Consejo Asesor por la Transición
Nacional
Luego ya pasamos al Consejo Asesor
por la Transición Nacional, graciosamente apocopado CATN. Podemos ver que hoy
en día, si algo no lleva la palabra “Nacional” no es nada. Aquí la cosa ya tenía un poco más de enjundia
porque dicho consejo está formado por expertos de primer nivel. Estos
trabajaron bastante más que los del Pacto y el 25 de julio evacuaron un informe
de unas 200 páginas con todas las opciones legales y “legítimas” para conseguir
la independencia. Pero, ¿eran necesarias trece personas para llegar a esas
conclusiones? Sin lugar a dudas, no. De hecho, ya lo había hecho Joan Ridao,
jurista y doctor en Ciencias Políticas, en su libro Podem ser independents? (RBA, 2012) que lleva en el mercado cerca
de un año. Conclusión, mucho ruido y pocas nueces.
Legalidad vs legitimidad
En dicho informe resulta cuanto
menos curiosa la separación entre legalidad y legitimidad. Según nuestro
ordenamiento jurídico, el pueblo soberano es el español y es el único que puede
tomar decisiones tan importantes como la que se plantea en un referendo
secesionista –es, sin duda, en esa línea en la que se enmarca la Declaración de
Soberanía del Parlamento, para poder reivindicarse como demos frente al demos
español- así que, de entrada, desde el punto de vista del Derecho
Constitucional, lo que se propone parece ilegal. ¿Quiere decir esto que todas
las vías están cerradas? No, por supuesto que no. Se puede intentar pactar con el
Gobierno alguna opción. Estas negociaciones no son, de entrada, fáciles y, ni
mucho menos, rápidas, pero es que si alguien está realmente comprometido con un
proyecto de esta envergadura no puede precipitarse. Cuando hay dos posturas
enfrentadas se necesita de habilidad para conseguir llevar el agua a tu molino
y eso requiere de tiempo, quizá incluso de mucho tiempo. Por eso resulta
llamativo que en el informe se insista una y otra vez en que el proceso no
puede alargarse. ¿Cómo que no? ¿O es que el plan es que se hace lo que yo digo
o rompemos la baraja? Así, mientras que por una parte se dice que es necesario
respetar las reglas del Estado de derecho (p. 49), pronto se advierte de que si
el Gobierno no se aviene a aceptar lo que se propone, pues nada, nos olvidamos
de la legalidad y vamos a por la legitimidad que viene dada, entre otras cosas,
por su peculiar visión de la historia (p. 31). De hecho, se dice literalmente
que no es necesario intentar las cinco vías previstas aunque estaría bien
intentar más de una (pp. 57-58). La sensación que queda tras leer este texto es
que alienta a realizar un par de propuestas para que se vean las intenciones de
negociar –sobre todo de cara al exterior- y después de la negativa recurrir ya
a la legitimidad.
En
todo caso, no parece de recibo que ciertos políticos catalanes se permitan
reivindicar la legitimidad frente a la legalidad. Cierto que lo de la legalidad
no suena demasiado atractivo y que queda muy bonito eso de la voluntad del pueblo
por encima de todo, pero la realidad es que no es posible la democracia sin el
Estado de derecho. Si seguimos esa máxima de que la voluntad del pueblo está
por encima de las leyes, damos por hecho que una hipotética Cataluña
independiente estaría libre de constituciones -¡no tendría sentido!- así que,
por ejemplo, el “pueblo” de, pongamos, el Valle de Arán, que tiene una lengua
y, por lo tanto, una cultura propia, también podría independizarse y lo mismo
los tortosinos, convencidos de su peculiaridad. En este sentido, cabe recordar
las palabras de Stéphane Dion en su 2ª carta abierta: es una contradicción
pensar que Canadá es divisible y Quebec no (vid enlace).
Cuestión de tiempo
Volviendo
al informe del CATN, quizá esta coincidencia con ciertos políticos catalanes en
lo que se refiere a la legalidad y la legitimidad tenga que ver con que todos
sus miembros oscilan entre la simpatía por la independencia y la más ferviente
militancia. Resulta poco coherente que las mismas personas que se llenan la
boca con lo de la “radicalidad democrática” creen una comisión nada plural
cuando la pluralidad es una de las condiciones necesarias para la democracia.
Con respecto a este sesgo ideológico, llama la atención que esta serie de expertos,
a los que se les presupone el rigor metodológico, no incluyan el índice de participación
cuando hablan de las consultas soberanista realizadas entre 2009-11 (p.40), quizá
porque el dato, en este caso, no resulta demasiado legitimador. En Barcelona,
por ejemplo, votó el 18% de la población pese a que las urnas estuvieron en las
principales calles de la ciudad durante nada más y nada menos que cuatro meses.
Así,
el informe es descaradamente tendencioso y, aunque no es el objetivo de este
artículo su análisis detallado, baste señalar que, pese a que consideran que no
es necesaria una mayoría absoluta ni un índice mínimo de participación, si gana
el “sí” este triunfo sería irrevocable mientras que en caso de que el “no”
fuera la opción vencedora la consulta
puede volver a repetirse y para esto si se tiene en cuenta lo ajustada que haya
sido la victoria (p. 132). Más sorprendente resulta aun, si cabe, que se
aconseje realizar la consulta antes que la de Escocia para que el resultado no afecte
al proceso. Claro que lo mismo podrían reclamar los escoceses, que ya tienen la
fecha pedida. Y, por si a alguien aun
le queda alguna duda del sentido de estas afirmaciones, días después de hacerse
público el informe, ERC afirmó que la consulta se tenía que realizar antes que
la de Escocia, no vaya a ser que el resultado perjudique al “sí”. Dicho esto,
resulta cuanto menos curioso que poco más de un mes después de entregar el
informe, Carles Vives Pi-Sunyer, Presidente del CATN, afirmara en una
entrevista en “El matí de Catalunya Ràdio” “Nos estamos fijando mucho en el
2014 y es posible que el 2014 no podamos hacer todavía esta consulta porque nos
la impidan”. ¿En qué quedamos?
Evidentemente, en Cataluña ya nadie aspira a
la ecuanimidad ni a que las diferentes sensibilidades estén representadas de
forma equitativa en ningún aspecto de la vida pública. ¿Alguien se imagina que
los medios públicos y subvencionados catalanes dedicarán la mitad de su tiempo
a cada una de las posturas? Pues bien, ese sería un requisito sine qua non para que la OSCE pudiera
avalar el proceso. Pero claro, el simple hecho de que este organismo
internacional se presentara aquí para controlar el buen funcionamiento ya sería
un milagro porque, como han repetido hasta la saciedad todas las instancias
internacionales, se trata de una cuestión interna española. Y es que, por más
que se empeñen en internacionalizar el conflicto, la realidad es que el
“Derecho a Decidir” no tiene más cobertura que la de una especie de Derecho
Natural inventado que solo existe en la imaginación de quienes lo proponen.
Artículo publicado en Crónica Global el jueves 26 de septiembre de 2013
